Caso Pegasus: Detienen a implicado en espionaje a Carmen Aristegui

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de una persona por su presunta responsabilidad en el espionaje telefónico del que fue víctima la periodista Carmen Aristegui con el software Pegasus.

El detenido fue identificado como Juan Carlos G. R., empleado de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., parte del grupo empresarial KBH TRACK, que a su vez es operadora en México de la israelí NSO Group.

Dicha persona es acusada del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal.

Dicho artículo señala lo siguiente: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”.

La penalidad podría ser un tercio mayor ya que el ilícito se imputó en términos del artículo 51 párrafo tercero del mismo Código, ya que se cometió contra una periodista con el fin de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión.

Dicho espionaje a Aristegui se dio durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En un comunicado, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, dijo que fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos que se obtuvo la orden de aprehensión contra dicha persona.

Destacó que el 1 de noviembre se cumplimentó la orden de aprehensión en la ciudad de Querétaro, y de inmediato el detenido fue traslado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.

Ese mismo día se formuló la imputación contra Juan Carlos G. R y el juez de la causa determinó vincularlo a proceso. El juzgador otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Además, como medida cautelar se determinó que dicha persona permanecerá en prisión preventiva justificada, derivado del peligro de fuga y los riesgos para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso.

VÍA EL FINANCIERO

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