En 1985, Carlos A. Loranca Olguin presenta su tesis “La estabilidad del empleo y la crisis económica” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 118 páginas, Loranca define qué se considera por empresa, los tipos de trabajos y de empleados, su naturaleza jurídica, las medidas proteccionistas que puede tomar el Gobierno y concluye que en México no hay suficientes estudios sobre el tema. Un año más tarde, María Elena Galguera González presenta exactamente el mismo texto.
Palabra por palabra, repite qué es una compañía, una crisis y llega, también, a las mismas conclusiones. Solo añade un apartado: seis páginas de agradecimientos. Además cambia el título a “La estabilidad laboral en tiempos de crisis”.
Galguera fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Ambos trabajos tuvieron la misma asesora, igual que la ministra Yasmín Esquivel: Martha Rodríguez Ortíz.
Una de las instituciones educativas más prestigiosas de México y América Latina está en el ojo del huracán. La revelación está semana de que una ministra de la Suprema Corte había copiado su tesis de licenciatura en 1987 ha puesto al descubierto toda una cadena de plagios dentro de la UNAM.
Los últimos casos se da ya en el siglo XXI. En el 2000, 2002 y 2007, Martha Rodríguez dirige tres tesis llamadas igual “Los delitos laborales”. Los tres índices son similares, pero a simple vista no parece que se den coincidencias. Sin embargo, EL PAÍS ha encontrado una cadena y cruce de copias. Por ejemplo, la tesis del año 2002, presentada por Alejandro Caballero Villalobos, tiene al menos 30 páginas, repartidas en distintos momentos del texto, estrictamente iguales que la del año 2000, de Silvia Lara; y la del 2002 sirve de base para 20 páginas —también distribuidas— de la del 2007. La última, escrita por María del Carmen Bravo Sánchez, también tiene un par de páginas copiadas de la primera.
Como ocurría con la tesis de la ministra Esquivel, en estas últimas también se mantienen los errores gramaticales: “Eugenio Cuello Calón, define a este Estado de derecho” (en la página 6 en el 2002 y en la 23 en el 2007), o, se corrigen unos y se dejan otros como en la frase escrita por Caballero: “A demás el trabajador nunca podrá tener acceso a las listas de rayas, a la nominas (sic)”, y a las que Bravo solo le añade la tilde a la última palabra.
VÍA EL PAÍS
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