Es inadmisible que empresarios contraten grupos de choque para amedrentar, agredir e intimidar a la ciudadanía, aseveró Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de gobierno del estado de Querétaro, quien confirmó que no se otorgará la licencia de funcionamiento en 2023 a la gasolinera de El Porvenir, tras las agresiones registradas el pasado 29 de diciembre.
“Tiene toda la convicción de no renovar el permiso de funcionamiento para 2023 por las condiciones en que opera. No es posible que una empresa pretenda obtener la disposición de la ciudadanía a base de amedrentarla, agredirla, intimidarla, si en otros estados eso le funciona pues mal por esos estados, pero aquí en Querétaro eso no es admisible”, indicó.
Señaló que la administración municipal tomó una primera acción al suspender provisionalmente la gasolinera, aún cuando no estaba en funciones, y añadió que están analizando las acciones jurídicas para no permitir la renovación de la licencia este año, por “la agresión a través de un grupo de choque, de reventadores, a la población”.
“En Querétaro es inaceptable y no puede tolerarse, bajo ninguna circunstancia. De todo este procedimiento, quizá el trámite de sí se podía o no era factible, y después ya fue factible, entiendo que hubo un cambio de legislación federal y ocasionó que, si bien, en un momento no era factible, en otro momento sí lo fue, pero no tengo esos expedientes legales”, agregó.
Murguía Gutiérrez reconoció que la contratación del grupo de choque tuvo como objetivo “sofocar las manifestaciones en contra de los vecinos”, quienes desde hace más de 10 años se han opuesto a la operación de dicha estación de servicio.
Refirió que el pasado 29 de diciembre de 2022 se identificó a más de 50 personas provenientes del Estado de México, por lo que se solicitó la colaboración de elementos de policía estatal, quienes detuvieron a 44 personas, 41 de ellas remitidas a juzgados cívicos y tres ala fiscalía general por intentar huir durante la detención.
“La decisión de la fiscalía, conoció de este asunto, y para el trámite que se vaya a dar corresponde a la fiscalía. No se ha judicializado, pero no quiere decir que no esté en etapa de averiguación previa”, mencionó.