La adquisición multimillonaria de pipas en Estados Unidos, realizada en emergencia por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en enero de 2019 para suplir el corte de gasolinas derivado del cierre de ductos, estuvo marcada por irregularidades.
Los vehículos fueron entregados 15 días más tarde de lo planeado, y en los primeros dos meses el gobierno federal sólo utilizó 29 de ellas para realizar 44 traslados de gasolina, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es más: la adquisición de 612 pipas no se vio reflejada en un aumento del transporte de combustible terrestre en 2019, según la ASF, y Pemex no supo explicar por qué; la petrolera incluso afirmó que “en ningún momento se atendió una situación de desabasto, sino una problemática de distribución de productos de las costas al centro del país”, en contradicción abierta con las medidas de emergencia impulsadas por el gobierno federal.
A las tres semanas de llegar a la Presidencia de la República, López Obrador anunció el arranque de un combate frontal y militar contra el robo multimillonario de combustible en Pemex –también conocido como huachicol–; acto seguido, ordenó cierres “programados y supervisados” de ductos, lo que provocó el desabasto de gasolinas en la mayor parte del país y requirió el transporte diario de 200 mil barriles de combustible por carreteras.
De emergencia, una delegación del gobierno mexicano, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, e integrada por Graciela Márquez Colín, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Raquel Buenrostro Sánchez –entonces respectivas secretarias de Economía, de la Función Pública y titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda– viajó a Nueva York con la encomienda de López Obrador de comprar las pipas, por un monto superior a los 94 millones de dólares.
El dinero salió de la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., una filial no paraestatal de Pemex, con base en un préstamo de PMI Norteamérica –otra filial de la petrolera– bajo un esquema de compra nombrado “Mecanismo competitivo para la selección de proveedores de auto tanques”, el cual no estuvo regular ni estuvo sustentado en ningún “convenio, contrato, adjudicación o cualquier acto de naturaleza jurídica o administrativa”.
Es más: según la ASF, al pasar por I.I.I., la compra de pipas no fue efectuada conforme a la ley de Pemex, lo que la petrolera no supo justificar. De acuerdo con la ASF, tanto Pemex como su filial Pemex Logística (PLOG) “llevaron a cabo una gestión administrativa deficiente en la adquisición de pipas”, lo que no garantizó “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”.
Aparte, la ASF detectó que en un primer momento, I.I.I. formalizó la compra de 779 unidades a siete empresas, que se redujo a 679 que se materializaron en la recepción de 612 autotanques; por ellas, la empresa reportó que pagó 99 millones 679 mil dólares, es decir, 5 millones 379 mil dólares más que lo contratado.
Con información de PROCESO