El caso se remonta a 2003, cuando un recién nacido fue diagnosticado y tratado de forma incorrecta en un hospital del IMSS, lo que provocó insuficiencia renal y la necesidad de un trasplante de riñón donado por su padre. Años después, el menor sufrió el rechazo del órgano y su salud se deterioró, hasta que recibió un nuevo trasplante en 2019, en un hospital de San Diego, California.
La Suprema Corte amplía el concepto de “hecho victimizante”
La Primera Sala, con ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, estableció que el “hecho victimizante” —es decir, el conjunto de actos que originan la violación a los derechos humanos— debe entenderse de manera amplia, incluyendo todos los actos que prolongan el daño hasta su cese.
De esta manera, el tribunal determinó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la jueza de distrito que conocieron el caso interpretaron de forma limitada el alcance del término, al considerar únicamente los hechos ocurridos entre 2003 y 2010, y no el deterioro posterior del paciente ni las consecuencias para su familia.
Suprema Corte: reparación plena y análisis integral del daño del IMSS
Con base en los principios establecidos en la Ley General de Víctimas y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN determinó que las reparaciones deben ser plenas, transformadoras e integrales, considerando los daños físicos, morales, económicos y al proyecto de vida.
Por ello, la Sala revocó la sentencia anterior y ordenó a la CEAV emitir una nueva resolución en un plazo de 20 días hábiles, realizando los dictámenes necesarios para evaluar correctamente la magnitud del daño. La reparación deberá incluir medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación económica.
Implicaciones del fallo de la Suprema Corte contra el IMSS
El pronunciamiento de la Corte refuerza la responsabilidad del Estado mexicano y sus instituciones de salud frente a las violaciones al derecho a la salud. Además, establece que las negligencias médicas con consecuencias prolongadas deben analizarse como un solo proceso continuo, y no como hechos aislados.
En términos prácticos, el fallo abre la puerta a que otras víctimas de mala atención médica en hospitales públicos puedan reclamar indemnizaciones más amplias y con un alcance temporal que considere los efectos posteriores del daño inicial.
El caso, identificado como Amparo en revisión 687/2024, fue resuelto el 15 de enero de 2025 por unanimidad, consolidando una de las decisiones más relevantes del año en materia de derechos humanos y salud pública.
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