Organizaciones civiles se pronuncian contra la salida de México del programa PISA
Organizaciones de defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en el país se pronunciaron contra la salida de México del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), tras la difusión de la suspensión de la prueba para estudiantes de secundaria.
La prueba PISA consiste en la aplicación de un examen a estudiantes de 15 años para medir sus habilidades en lectura, matemáticas y ciencia, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México, como miembro de la organización, participa en el estudio desde el año 2000.
En un posicionamiento conjunto, señalaron que la educación es un bien público y un derecho humano, “cuya realización plena requiere de la corresponsabilidad de todas y todos”. Por lo tanto, “las y los ciudadanos debemos activar nuestra libre expresión y nuestro derecho a la participación, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, para pedir cuentas, proponer y colaborar en la promoción y defensa de lo que corresponde al interés superior de la niñez”.
Enfatizaron que el artículo tercero constitucional establece el mandato que la educación será de “excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad…”. Frente a ello, sin una medición constante y confiable, no hay manera de saber si el mandato se va cumpliendo en el tiempo.
Consideraron que las evaluaciones son un “elemento de diagnóstico que favorece el ajuste de las intervenciones educativas”, como ocurre en otros derechos como el de la salud, por lo que “el diagnóstico de la condición de cada niña, niño y joven es requisito para la intervención sólida y oportuna a su favor”.
“En el derecho a la educación la evaluación permite corregir ausencias y omisiones en la acción educativa, focalizar poblaciones, rediseñar prácticas, reasignar presupuestos y, en general, tener elementos para superar la inequidad y la exclusión; si se emplean debidamente, son un elemento crucial de la consolidación y de la restitución de derechos de infancia y juventud en su proceso educativo, entendido como el despliegue libre de todas sus potencialidades”.
CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS
