Presentan paquete legislativo en materia de seguridad y justicia; proponen sanciones más severas
Por Ana Luján
Más penas a quienes violenten a las mujeres, a quienes atacan la propiedad de las y los queretanos, más severidad contra el robo y evolución tecnológica son algunas de las reformas planteadas en el paquete legislativo para la seguridad y justicia presentado por el gobernador Mauricio Kuri González.
«Con esta reforma también se sustenta la base legal para la alianza de la policía de proximidad y la contribución ciudadana. Atención especial a las víctimas de violencia de género, asegurar más protección efectiva, que tengan justicia, verdad y reparación del daño, evitando la repetición de la conducta delictiva», dijo.
Dicho paquete contempla la reforma de nueve leyes y la creación de una más, en los que destaca la figura del policía de proximidad; Kuri González subrayó que estas reformas garantizan el derecho humano a vivir en paz y enfatizó que se trata de un trabajo en conjunto entre los tres Poderes del estado.
«Trabajamos unidos por la seguridad de Querétaro, hoy cerramos filas para enviar un mismo mensaje. Quien viole la ley en Querétaro es y será castigado de manera ejemplar. En materia de seguridad y justicia, los únicos pasos que daremos serán hacia adelante, es tiempo de proteger lo que tenemos», enfatizó.
Al respecto, Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del estado, señaló que la reforma busca otorgar mecanismos efectivos para compensar los daños y abundó que hay reformas para delitos contra la vida e integridad personal, libertad e inexperiencia sexual, patrimoniales, que transgreden el servicio público y afectaciones de servicios y terceros.
«Dentro de las iniciativas de reforma, y en específico del código penal, resulta preciso señalar que las adecuaciones se vinculan en parte con el establecimiento de las sanciones en cuantías mayores a manera preventiva. Es decir, tomando en consideración que al estado le interesa prevenir el hecho delictivo, más que castigar», apuntó.
La iniciativa también fue respaldada por Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien destacó que la propuesta considera también ajustes municipales.
