Reciben 90 años de cárcel por asesinar a 2 policías en el 2023

Una sentencia de 90 años fue la que recibió cada uno de los dos sicarios que en el año 2023 asesinaron a balazos a dos policías municipales de Querétaro que custodiaban un inmueble en la colonia Lomas de Casa Blanca, el cual había sido asegurado ya que presuntamente era utilizado como punto de venta de drogas.
Durante el juicio de sentencia, el juez dictó el fallo condenatorio en contra de los gemelos Diego “N” y Fernando “N”, por el delito de homicidio calificado en agravio de los dos elementos policiales que perdieron la vida en dicha fecha.
Los hechos se registraron el 5 de septiembre del 2023 cuando los oficiales se encontraban a bordo de su unidad, custodiando un inmueble que presuntamente servía como lugar de distribución de sustancias tóxicas y que previamente había sido asegurado la Fiscalía tras una diligencia de cateo.
Al lugar arribaron dos sujetos con armas de fuego largas tipo AR-15, las cuales accionaron en contra de los oficiales, dejando además una granada de fragmentación en el lugar, artefacto que no explotó pero que fue asegurado por el personal especializado en manejo de explosivos del Ejército Mexicano.
En el sitio falleció la oficial que se encontraba en el asiento del copiloto, mientras que el policía conductor fue trasladado a un hospital de manera oportuna, pero pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, horas después falleció a consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego que había recibido

Derivado de los actos de investigación por parte de la Fiscalía, se recabaron los resultados de las diligencias, la necrocirugía, testimonios así como el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia cercanas, con las que se logró establecer la identidad y ubicación para cumplimentar la detención de los ahora sentenciados.
Durante la audiencia de juicio oral después de haber concluido el plazo para desarrollarse la investigación complementaria que duró más de un año, el Juez emitió el fallo condenatorio e impuso a cada uno de los sentenciados: 90 años de prisión, 45 años por cada víctima, además de una multa, amonestación en privado y suspensión de derechos civiles y políticos.
En materia de reparación del daño, se ordenó el pago de indemnizaciones por muerte, gastos funerarios, afectación emocional a víctimas indirectas, así como montos a favor de la institución a la que pertenecían los elementos.









