En la Ley general de movilidad y seguridad vial de México se establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, son las encargadas de regular el transporte de carga.
En dicha ley, en el artículo 7, se establece que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial será el mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial, de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores de la sociedad en la materia.
Dicho sistema es integrado por las Secretarías de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu), de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), de Economía (SE), por las entidades federativas y otras autoridades de movilidad necesarias; son estas autoridades las encargadas de promover acuerdos y coordinación para fortalecer la regulación del transporte de carga con el objetivo de mejorar su eficiencia operacional y ambiental.
De igual forma, en la ley se señala, en su artículo 45, que las autoridades deben definir los instrumentos necesarios para llevar, entre otras cosas, un control y registro vehicular y revisión físico mecánica y de emisiones, así como un control y registro de conductores.
En el artículo 47, sobre la modernización del parque vehicular, se refiere que con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y disminuir los riesgos de siniestros de tránsito, las autoridades competentes pueden promover mecanismos y programas para la renovación del parque vehicular de prestadores del servicio de transporte público de pasajeros y de carga.
En cuanto a las entidades federativas, en el artículo 67 se establece que son estas quienes otorgan licencias y permisos para conducir, así como el registro para que los vehículos circulen conforme a las leyes y reglamentos correspondientes; además de que deben establecer los acuerdos y medidas necesarias para la conservación, mantenimiento y renovación del parque vehicular de todo tipo de transporte, incluido el de carga.
Mientras que la SICT, según el artículo 71 de la ley, es la encargada de vigilar el cumplimiento de la regulación de los periodos de trabajo y descanso de las personas conductoras del transporte público y privado de carga y de pasajeros en el ámbito de su competencia.
Al ser cuestionado al respecto, el legislador Enrique Correa Sada afirmó que es el gobierno federal el encargado de supervisar el tránsito del transporte de carga sobre la carretera México-Querétaro, donde en las últimas semanas se han presentado un sinfín de accidentes vehiculares en los que se han visto involucradas unidades pesadas.
Correa Sada señaló que se requiere replantear la infraestructura vial de dicha carretera, la cual, dijo, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Para ello, propuso que cuente con tramos de inspección a tráilers, radares de velocidad y la ubicación de oficiales de tránsito para multar a quienes van en exceso de velocidad.
“Hay que hacer replanteamiento de la infraestructura (sic) privilegiando la vida y cuidando evitar los daños materiales. Hoy esta carretera no cumple con las mínimas condiciones de seguridad”, indicó.
Además, acusó que el Gobierno federal ha dejado de cumplir con sus obligaciones, por lo que se debe exigir que cumplan con lo establecido en la ley.
“El Poder Legislativo estatal no tiene facultades sobre los tramos federales, es una obligación del estado y lo que nos tocará hacer es un exhorto para que la federación cumpla con la ley general de movilidad y haga una reingeniería y, por supuesto, cumpla con la vigilancia que deben tener todas las instituciones federales para que se cumpla con la seguridad”, abundó.
Tan solo en 2021, la autopista México-Querétaro y la carretera Querétaro-San Luis fueron las más accidentadas en el país con 736 hechos de tránsito, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT); dicho reporte señala que tan solo en la autopista México-Querétaro se reportaron 433 colisiones con un saldo de 77 muertos y 134 lesionados.